Tráfico permitirá la reparación en carretera de los vehículos de más de 7,5 toneladas.

En 2021, se aprobaba el Real Decreto 159/2021, en el que quedaban reguladas las condiciones en las que realizan sus funciones los servicios de asistencia en la vía. Sin embargo, esta normativa generó preocupación entre las organizaciones de transportistas y los concesionarios de vehículos industriales debido a la limitación de las reparaciones y asistencias en carretera para vehículos averiados, independientemente de su categoría.

El punto 4 del Artículo 4 de esta regulación establecía que, como norma general, no se realizaría ninguna operación que tuviera por objeto la reparación del vehículo en la propia vía, a excepción de casos en los que fuera más rápido que la retirada del vehículo o imprescindible para su remoción. Esta disposición obligaba al traslado de los vehículos al taller, lo que representaba un coste económico significativo, especialmente para los vehículos de transporte, ya que impedía que los vehículos taller pudiesen operar.

Ante esta situación, el Comité Nacional de Transporte por Carretera solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) que reconsiderara esta regulación. La respuesta de la DGT llegó en forma de una instrucción técnica dirigida a los Agentes de Tráfico, estableciendo una excepción a la regla general del remolque obligatorio para vehículos averiados o accidentados en carretera. Esta excepción se aplica específicamente a aquellos vehículos de gran tonelaje con una masa máxima autorizada superior a 7,5 toneladas.

Con esta excepción, se permite la reparación in situ de estos vehículos, lo que posibilitará que los vehículos taller operen de manera efectiva. Sin embargo, se establecen requisitos estrictos para garantizar la seguridad en estas operaciones, incluyendo medidas de prevención, seguridad y visibilidad para los operadores.

Esta rectificación por parte de la DGT representa un alivio para las organizaciones de transportistas y concesionarios de vehículos industriales, quienes argumentaban que la normativa de 2021 imponía un "sobrecoste económico absolutamente irracional".